Por Patricio D’elía y Sofía Toth
“Con la ratificación de México, ¡tenemos Acuerdo de Escazú!”, posteó en Instagram el 5 de noviembre Inti Bonomo, Licenciado en Ciencias Ambientales y referente ambientalista en redes sociales, tras la adhesión de este último país al tratado. Si bien Argentina lo concretó el 25 de septiembre, convirtiéndose en el décimo país en hacerlo, era necesario llegar a 11 ratificaciones para que entrara en vigor.
El tratado es el resultado de una serie de negociaciones que comenzaron en la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro (1992) y la eventual Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Rio+20, en 2012). Fue construido desde más de 220 organizaciones, en conjunto con la sociedad civil, que buscaban una respuesta por parte de los Estados latinoamericanos a la crisis climática y la situación de los defensores ambientales. Finalmente, en 2018 luego de seis años de trabajo, fue celebrado en Escazú (Costa Rica) donde recibió su nombre actual.
De acuerdo a la abogada ecofeminista Luciana Malatesta, es histórico, porque es el único acuerdo regional que trata los temas de participación ciudadana, información y derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales para toda América latina y el Caribe. “Es también el primero en el mundo en tener disposiciones específicas para la protección de los activistas de derechos humanos sobre el ambiente”, explicó. Según un informe de Global Witness (ONG Internacional que trata abusos de derechos humanos) sobre América Latina, en el año 2017 fueron asesinados 116 activistas por la tierra y el ambiente; y en 2018, 164.
“El Acuerdo se basa en tres pilares: se debe garantizar la implementación del derecho al acceso a la información pública ambiental, la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones en estas cuestiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”, aclaró la abogada. Asimismo, afirmó que los objetivos deben involucrar a los grupos de personas que están en situación de vulnerabilidad, incluyendo poblaciones originarias y pueblos indígenas considerando las diversas realidades culturales.
Para Nicole Becker, cofundadora de Jóvenes Por El Clima, el Acuerdo de Escazú le garantiza a su generación un alta a las medidas que ponen en riesgo el futuro. “Argentina tiene más de 22 mil hectáreas deforestadas, más de 175 mil incendiadas y la pandemia. Esto viene a marcar un cambio de paradigma en cuanto a cómo serán abordados los temas ambientales, entendiendo que ninguna decisión puede desvincularse de los intereses de la población”, explicó.
Además, la joven activista entendió que nuestro país tiene mucho peso en la región, debido a su larga tradición en derechos humanos, por lo que debe liderar en materia ambiental para que “sigan siendo derechos y no meros privilegios”. El director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, coincidió en este punto, haciendo saber que Argentina fue un actor clave en el proceso de negociación previo a la adopción del tratado.
En un contexto donde la crisis climática nos golpea y nuestro país se encuentra arrasado por incendios intencionales, para Nápoli, “todo lo que signifique proteger personas y poblaciones en situación de vulnerabilidad es no sólo bienvenido, sino absolutamente necesario”. El Acuerdo de Escazú significa un paso hacia la consolidación de la democracia ambiental y el fortalecimiento de los derechos a vivir en un ambiente sano y a un desarrollo justo, sostenible e inclusivo.