Camino a la Memoria, Verdad y Justicia

Por Agustina Botto

 “Estos juicios no son de ninguna manera juicios de venganza, son juicios de memoria, verdad y justicia, y son producto y el resultado de la lucha inclaudicable del pueblo argentino contra la impunidad”. Es un fragmento del alegato de la querella unificada encabezada por Carlos Lordkipanidse y Patricia Walsh e integrada por la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, Justicia Ya! e Hijos La Plata, en respuesta a los dichos del Dr. Guillermo Fanego, famoso abogado de los genocidas, durante su defensa.

El cuarto tramo de los juicios sobre los crímenes cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) fue de los últimos en retomar su curso de manera remota, tras el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Después de varias suspensiones, recién el 14 de septiembre fue la primera audiencia bajo esta modalidad.

Osvaldo Barros, sobreviviente de la ESMA y parte de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) manifestó que el juicio ESMA IV está en las últimas etapas, pero tuvo que haber terminado el año pasado. “Hubo dilaciones por parte de los defensores y del propio tribunal, con audiencias cortas y fechas de audiencias que no se cumplieron”, agregó. 

En el mismo sentido, Ariel Noli, abogado de la querella afirmó: “Por varias razones se demoró el proceso. Por un lado, diversas estrategias de los defensores particulares. Por otro, la demora de los Juzgados y Tribunales. Y por último, el propio pacto de silencio entre los genocidas y las redes de encubrimiento, ocultamiento y/o destrucción de pruebas”.

El juicio ESMA IV es la cuarta etapa de la Megacausa e inició en agosto del 2018. Es uno de los juicios más importantes debido a la cantidad de casos y víctimas. Hasta hace dos semanas, los imputados son nueve: El contralmirante Horacio Ferrari, los oficiales Carlos Castellví y Claudio Vallejos, los suboficiales Jorge Ocaranza y Carlos Carrillo, los cabos Ramon Zanabria y José Iturri -todos ellos de la Armada-, el policía Raul Cabral y Miguel Conde. Sin embargo, a días del veredicto, el contralmirante Horacio Ferrari fue apartado de la causa. La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara de Casación Penal en diciembre de 2018 y confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace dos semanas.

 Cada uno se encuentra imputado de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados en contra de 816 víctimas. Tanto el representante del Ministerio Público Fiscal, Félix Crous, como la querella, solicitaron la pena de prisión perpetua a los acusados por estos crímenes.

Hasta diciembre del 2018 se efectuaron 215 juicios y se dictaron 1.233 condenas a 897 represores por 7.231 víctimas en todo el país. Sin embargo, más del 50% de los detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria, y unos 1.300 imputados están en completa libertad, incluso aquellos imputados en la causa ESMA. Miguel Conde, Jorge Ocaranza, Claudio Vallejos y José Iturri se mantienen aún con detención domiciliaria. Mientras que a Horacio Ferrari se le concedió el cese de prisión en pleno debate.

Noli aseveró: “Hemos pedido que se controlen las prisiones domiciliarias ya que, a diferencia de los presos sociales, en muchos de los casos a los genocidas no les colocaron dispositivos electrónicos”. Además, señaló que por los delitos cometidos no deberían gozar de dicho beneficio, pero si ese fuera el caso, tampoco se los controla como se debe.

Barros afirmó que es evidente que durante el macrismo hubo un freno a los juicios, se dieron menos procesos y los que estaban desarrollándose se dilataron mucho más, como el caso de los juicios sobre la ESMA y el Vesubio.

Según Noli, el arribo de Yacobucci a la Sala II de la Cámara federal de Casación Penal, Tribunal de Alzada de la causa, durante el gobierno anterior, significó que hubiera una ‘nueva mayoría’ en la Sala y cambió los criterios en favor de los genocidas. “El caso de Horacio Ferrari, que está afrontando el juicio en libertad otorgada durante la tramitación del juicio ESMA IV, no tiene precedente”, remarcó.

Mientras se espera que el cuarto tramo termine a finales de este año, se elevó a juicio la quinta fase en la que trata a cuatro represores nuevos. Barros le atribuyó esto a la aparición de declaraciones de sobrevivientes que fueron citados recién ahora por primera vez. Se calcula que hay 200 casos más y se podría llegar al quinto tramo con 1100 en total. “Siempre una sentencia produce una satisfacción grande porque nos estamos acercando a la justicia por tantos compañeros que están desaparecidos”, concluyó.