Por Luis Federico Macek
Las explicaciones oficiales para este accionar suelen estar relacionadas con proteger la seguridad nacional, evitar la difusión de noticias falsas o copias masivas en exámenes universitarios. Felicia Anthonio, líder de la campaña #keepiton que lucha contra las interrupciones de internet, cree que estas decisiones no siempre tienen un carácter preventivo: “Muchas veces los apagones se implementan con el objetivo implícito de mantener fuera de los ojos del mundo violaciones a los derechos humanos”.
La activista explica que los bloqueos pueden ser totales, el equivalente a desenchufar el modem de una casa, o simplemente limitar al mínimo la velocidad de navegación. Los dos casos implican estar prácticamente offline.
“Mientras las autoridades pueden pensar que cortar la señal ayuda a solucionar un problema clave, el impacto es extremadamente perjudicial desde el punto de vista social y económico”, señaló David Belson miembro de la Internet Society (Sociedad de Internet), organización que aboga por el desarrollo y acceso global a la virtualidad. En coincidencia, los datos arrojados por un estudio realizado por Colaboración en Políticas Internacionales de Tecnologías de Información y Comunicación en África Oriental y del Sur, el cual estimó que el impacto monetario de las disrupciones entre los años 2015 y 2017 en la región subsahariana, fue de 237 U$D millones de dólares, una suma nada despreciable para países que se encuentran entre los más pobres del mundo.
Agustina Del Campo, Directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), aclara que, si bien en Latinoamérica no hay una práctica sistemática de obstrucciones a la red, existen conflictos de menor escala. En Colombia se ha intentado dejar sin conectividad algunas instituciones carcelarias: “Hubo discusiones entre los prestadores de servicios y las autoridades públicas. Muchas veces no determinan el alcance geográfico de este tipo de medidas, no es un ejercicio quirúrgico, no se puede dejar solo a la cárcel desconectada porque probablemente, dejes toda la zona sin internet”.
La responsabilidad de los intermediarios
Tanto Del Campo como Belson opinan que las situaciones donde se apliquen bloqueos, ya sea de ancho de banda o de ciertas aplicaciones, deben estar bien definidas por ley y se debe tener muy en cuenta el criterio de la “proporcionalidad”. Desconectar un país entero porque hay exámenes de ingreso universitarios, como sucede todos los años en Siria: “Es como ir a pescar con dinamita”, sostuvo la directora del CELE.
Claro está, que en una democracia, es el Poder Judicial el que debe hacer cumplir la ley y el Legislativo el encargado de escribirlas. Pero en todos los casos, son las compañías que proveen los servicios de telecomunicación las que tienen la mano sobre el botón de off a la hora de limitar la accesibilidad a cierto contenido, o la señal en sí. Pocas son las opciones que disponen para evadir un pedido gubernamental, aún sabiendo las consecuencias que esto trae: “En algunos casos la orden del Gobierno puede ir acompañada de amenazas directas o indirectas, ya sea a nivel comercial (rescindir un contrato), o humano (hagan caso o su personal estará en peligro). En ambos casos, lo mejor parece obedecer y esperar, se supone que las multinacionales no quieren poner a sus empleados en riesgo”, reflexionó Belson.
En el 2016 la justicia brasileña impuso un vallado digital a Whatsapp por 72 horas, en el marco de la investigación de un crimen. “Se le pidió a la aplicación que otorgara datos de usuarios, y la empresa se negó. El juez determinó que no estaban cumpliendo con una orden judicial y que la medida para obligarlos a hacerlo era bloquear el uso a nivel nacional”, relató Del Campo. “Las restricciones a la libertad de expresión deben aplicarse al contenido en específico, no pueden ser medidas sobre abarcadoras, no pueden ir contra una plataforma o cuenta entera”, concluyó.
