Por Jonathan Cantero Jara
Según un estudio realizado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada, el colectivo que mayor prejuicio sufre en nuestro país es el de los inmigrantes latinoamericanos. Claro que el contexto hace que otros grupos también sean discriminados. Según datos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), con el COVID-19 en auge, se registró un aumento del 45% en las denuncias por parte de la comunidad asiática. Otro ejemplo de esta discriminación sectorizada se dio con la comunidad senegalesa de La Plata, que fue blanco de ataques racistas tras conocerse la noticia de una falsa red de trata con fines de explotación, pero que simplemente era una red de cooperación mutua y en defensa de sus derechos y su cultura.
Pero para intentar comprender esta problemática actual, se puede identificar un punto de partida histórico en esta valoración positiva hacia cierto grupo de inmigrantes, y en contrapartida, la estigmatización de otros. Al analizar el artículo 25 de la Constitución Nacional, se expresa que se valora positivamente las migraciones de personas europeas. Es decir, que la idea de varones y mujeres europeos y de piel clara se contrapone, y termina de darle un sesgo negativo a la inmigración proveniente de otros países de América Latina, Asia y África. Con respecto a este apartado, la coordinadora de la Dirección de Políticas y Prácticas contra la discriminación del INADI, Lucila Somma, sostuvo: “Al decir eso, se construye un estereotipo de migrante, y todo aquel que se corre de ese estereotipo es quien sufre discriminación”.
Pero en contraposición, dentro del mismo documento existe otra expresión jurídica que data del Primer Triunvirato en 1812. El mismo indica que el gobierno argentino ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones que quieran habitar este territorio. Es en este punto donde queda evidenciado cómo se construyen ciertos mitos, como el de pensar que los inmigrantes vienen a sacarle el trabajo a los ciudadanos. “No nos vienen a robar ni a quitar nada porque nuestro país ya expresó que esos son los derechos de la población migrante”, sentenció Somma.
En concordancia con estos dichos, Gabriela Liguori, directora de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), manifestó en diálogo con el diario La Nación: “Se suele plantear que los inmigrantes se aprovechan de los programas sociales. Esto es totalmente falso, dado que hay muchas restricciones para que las personas que viven en Argentina, pero nacieron en otro país, puedan acceder a programas como la AUH, Progresar, IFE, o a las pensiones no contributivas”. Estas trabas a la hora de acceder a diversos derechos, es una más de las tantas muestras de discriminación predominantes.
Sin embargo, desde el INADI no buscan dar una batalla en términos jurídicos, sino más bien trabajar en conjunto con otros organismos del Estado, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, para poder enfrentarse a estos discursos falaces que se reproducen de manera tan habitual, y de esta manera prevenirlos y modificarlos. «Tiene que ser una transformación en términos culturales, pedagógicos y educativos», concluyó Somma.
