Por Agustina Ionno, Solana Mayor y Belén Ruiz Diaz
Las fuerzas de seguridad tuvieron un papel fundamental para controlar que se cumpliera el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional. En el inicio de la cuarentena, los medios de comunicación visibilizaron una serie de casos de abuso policial ocurridos en Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, el sur de CABA y en el conurbano bonaerense, entre otros. A medida que fue pasando el tiempo, ya no hubo noticias de este tipo de situaciones. Sin embargo la cantidad de casos aumentó.
María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), señaló que a partir de junio, mes en que se iniciaron las flexibilizaciones de la cuarentena, el número de casos empezó a crecer y desapareció la atención de los «medios hegemónicos». «Hasta el mes de octubre ya tenemos registrados aproximadamente 400 casos, y lo que más aumentó y sigue en aumento, son las muertes en lugares de detención«, reveló.
El caso de violencia con mayor repercusión en este período fue el de Facundo Astudillo Castro, quien desapareció el 30 de abril después de haber sido detenido por la policía bonaerense en Mayor Buratovich; su cuerpo apareció 107 días después en un descampado en Bahía Blanca. Sin embargo, hubo varios casos similares que no tuvieron la misma repercusión, como el de Francisco Javier Cruz, un cartonero con problemas psicológicos de Florencio Varela, que desapareció luego de que lo levantara la policía desorientado en la ruta y días después fue encontrado en un descampado tapado de brea.
«El caso de Facundo se difundió gracias a que su familia, especialmente su madre Cristina, puso en movimiento la solidaridad popular, el acercamiento a las organizaciones y la masificación, primero a través de la prensa alternativa, lo que hizo que los medios hegemónicos ya no se puedan seguir haciendo los boludos«, sentenció Verdú. Además, explicó que el caso salió a la luz un mes después porque fue el tiempo que le llevó a Cristina Castro contar con las herramientas, los contactos y el apoyo de las organizaciones necesarios para darle difusión al tema. La diferencia con el caso de Francisco Cruz fue que no él tenía familia en Buenos Aires y los únicos familiares que tenía son «gente ultra vulnerabilizada que vive en la periferia de Corrientes».
Luego de estos casos sucedió la sublevación de la policía bonaerense, que implicó una serie de protestas, cortes de calle e, incluso, llegaron a rodear con patrulleros la quinta presidencial de Olivos exigiendo un aumento salarial. Sin embargo, a lo largo de la sedición, se dieron a conocer otros reclamos tales como la limpieza «de sumarios», un particular apoyo a Berni en el medio de la polémica por el caso de Facundo Astudillo, y la exigencia de que no se tomaran represalias por dicha protesta, entre otros. Incluso, la referente de CORREPI reveló: «La noche en la que el presidente hizo el anuncio de aumento, afuera de la quinta de Olivos había entre los policías una bandera negra que decía «Libertad a los 8 de tablada ya«. Esto hacía referencia a la condena que recibieron ocho policías de la comisaría de La Tablada, la 8va. de la Matanza, por la violación reiterada durante seis meses a 26 mujeres que estuvieron presas en ese establecimiento.
Desde CORREPI señalan que no les da lo mismo que esté Patricia Bullrich junto a Mauricio Macri sacándose una foto con Chocobar, a un presidente que asuma diciendo «hay que terminar con la lógica del disparo por la espalda«. No obstante, Verdú sostiene que una cosa es decirlo y otra hacerlo, y que «no hay reforma que frene el gatillo fácil, la tortura o la represión porque esto es una política de Estado en un sistema capitalista, y cualquier gobierno que tenga que administrar una sociedad dividida en clases la va a aplicar», finalizó.
